Las patronales APROSER y ASECOPS han bloqueado cualquier incremento salarial razonable y rechazado cualquier avance no solo en la mejora de las condiciones laborales del colectivo, apostando por retroceder en asuntos como el plus de antigüedad.
Los profesionales del sector de seguridad privada siguen sufriendo las consecuencias de un modelo de contratación pública que sólo contempla el precio más barato, lo que ha llevado a muchas empresas no sólo a tirar los precios -fomentando así la competencia desleal en el sector- sino a hacerlo a costa del poder adquisitivo de las personas trabajadoras que, a día de hoy, están inmersas en una tendencia de empobrecimiento salarial que parece no tener freno.
Además de la urgencia del aspecto salarial y de modelo de contratación, el nuevo convenio debe contemplar compromisos firmes en la adaptación de las nuevas tecnologías al sector, la jubilación anticipada, el contrato de relevo y la formación profesional.